Las instalaciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) son parte principal de la obra del Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa Pacífico. (Foto: Ernesto Bolado Martínez)
Las instalaciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) son parte principal de la obra del Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa Pacífico. (Foto: Ernesto Bolado Martínez)
Por eso, los activistas reclaman, “No a la construcción de la marina.”
En el mismo febrero de 2009 cuando el Presidente Felipe Calderón anunció el proyecto turístico, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (Alcosta) hizo un llamado a las autoridades involucradas para que se rediseñara el proyecto, lo cual permitiera aprovechar las características únicas del sitio, su capital natural, cultural, arqueológico, y sobre todo se asegurara el beneficio de los habitantes locales y se evitara la construcción caótica, la falta de servicios urbanos y la especulación desenfrenada que han propiciado los CIP de Fonatur en otras comunidades.
Se elaboró un documento de opinión sobre el Plan Regional Turístico Rosario-Teacapán, con el apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., SuMar, Voces por la Naturaleza A.C., ProEsteros, A.C., Conselva, A.C, Grupo Ecológico Manglar A.C., Conservación y Rehabilitación de Fauna Silvestre y sus Hábitat A.C., Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa, A.C. y Defensa Ambiental Noroeste A.C.
Entonces, Greenpeace México puso un “hasta acá”, al señalar que el proyecto “no cumple con los requisitos establecidos por Semarnat al no contar con un estudio de impacto ambiental. Exigió detener las obras hasta contar con la autorización.
Acto seguido, el entonces director general de Fonatur, Miguel Gómez Mont, respondió públicamente que Fonatur haría todos los estudios necesarios para asegurar un desarrollo sustentable acorde con la ley.
Ya que la manifestación de impacto ambiental se presentó, la autorización sólo incluye las obras que ejecutará Fonatur. Todo lo¿Quiénes se enriquecen y quiénes empobrecen?
Mientras los residentes de Escuinapa, Rosario, Teacapán y comunidades aledañas carecen de servicios propios de agua, drenaje, desechos sólidos, y otros, Fonatur cubrirá los siguientes impuestos, tarifas y derechos para fomentar el desarrollo para los grandes
1. Impuesto sobre la nómina: 100 por ciento hasta el séptimo año
2. Impuesto Predial Urbano: 100 por ciento hasta el séptimo año
3. Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles: 100 por ciento
4. Derechos de Registro Público de la Propiedad y el Comercio:
100 por ciento
5. Licencia de Construcción: 100 por ciento
6. Tarifas de conexión de agua potable y alcantarillado:
100 por ciento
La autorización condicionada de Semarnat a Fonatur para el mega desarrollo turístico Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa Pacifico deja mucho de desear porque es “un mensaje claro para las siguientes inversiones de esta índole en el Noroeste mexicano” de que las autoridades puedan pasar por alto la defensa ciudadana de los recursos naturales, propiedad de la nación, según grupos de la sociedad civil organizada.
Convocaron en consecuencia, a los habitantes de los municipios de Escuinapa y Rosario a conformar un Observatorio Ciudadano, que dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes y su efecto en los mundialmente importantes humedales Marismas Nacionales, propuestas como Area Natural Protegida (ANP).
“El pronunciamiento de los sectores sociales y económicos es fundamental para reducir los impactos potenciales en las actividades productivas existentes,” declararon los integrantes de la campaña de la sociedad civil organizada “Yo Vivo Aquí Mi Opinión Cuenta”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de Fomento al Turismo (Fonatur) continuar las obras del proyecto bajo una serie de importantes condicionantes. Éstas se basaron en la opinión técnica de instancias de gobierno como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Imta), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y otras.
Para emitir los condicionantes, la DGIRA contaba además con informes de las preocupaciones que los sectores de la pesca, agricultura, acuacultura y prestación de servicios del municipio de Escuinapa hicieron llegar a la Semarnat.
Sin embargo su decisión no tomó en cuenta muchas de las aportaciones de los técnicos ni el clamor de los defensores de la participación social ante la imposición de la infraestructura concebida para apoyar a los grandes inversionistas, según el monitoreo ciudadano hecho a la fecha.
Documento oficial da fé al hecho: Los inversionistas no tienen que pagar impuestos
demás (que será ejecutado por particulares) requerirá evaluaciones específicas.
Fonatur había proyectado un desarrollo de unas 226 hectáreas de hotelería con 43 mil 981 cuartos, tres campos de golf en 220 hectáreas, dos marinas para 400 embarcaciones, un malecón turístico, una ruta de paseo por los lagos del pantano, ramblas comerciales y de entretenimiento, así como otros servicios.
El permiso de Semarnat reduce el proyecto a 10 mil unidades de alojamiento en una superficie de nueve hectáreas y sólo un campo de golf de 118 hectáreas.
Voceros de la campaña ¡Yo vivo aquí, mi opinión cuenta! ofrecen rueda de prensa. (Foto: Sumar Voces por la Naturaleza)
Carlos Simental dirige la Red Ecologista para el Desarrollo de Escuinapa (REDES) en la campaña. (Foto: Ernesto Bolado Martínez)
“El proyecto no ha sido modificado por Fonatur ni por DGIRA, sólo pospone la aprobación aprobación de las fases subsiguientes al cumplimiento de las condicionantes,” dice Carlos Simental, director de la Red Ecologista para el Desarrollo de Escuinapa (REDES) con sede en Escuinapa.
Las obras turísticas autorizadas (hotel, campo de golf y zona deportiva) están condicionadas a que Conagua garantice el abastecimiento de agua potable sin perjuicio de las actividades sociales y económicas existentes.
Sin embargo, la DGIRA desestimó las observaciones de Conagua y las otras seis instancias gubernamentales nacionales, considera Simental.
“Coinciden en que el proyecto no es ambientalmente viable, ya sea en su totalidad o en obras específicas como la marina, por los impactos que generará”, comentó.
El dictamen técnico de Conagua menciona específicamente que se salinizará el acuífero y se afectará la agricultura si se abre una boca para el canal de acceso a la marina.
Aún con las restricciones, los riesgos sobre el acuífero persisten, porque quedó autorizada la construcción de una marina. Las condicionantes se limitan a que los promovientes presenten los estudios que demuestren que no afectarán el acuífero ni se erosionará la costa, aún en caso de huracanes, y se deberá monitorear la cuña salina.