Gobernadores pactan para cuidar el Rio Yaqui y el comercio
El vocero de los gobernadores de la Tribu Yaqui, Mario Luna, habla en Vicam el 14 de diciembre (Fotos: Cortesía Coordinadora del Valle de Chalco).
VICAM
El gobierno de Sonora encabezado por Guillermo Padrés sigue robando agua del Río Yaqui, continua burlando la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le obligaría a suspender las actividades del Acueducto Independencia y condena al exterminio a los integrantes de la Tribu Yaqui, a los cultivos de la rica zona agrícola del sur del estado y a la biodiversidad existente gracias a la afluencia del río.
Parece exageración, solo que todo se sustenta en los hechos, a saber:
El saqueo ocurre bajo el programa Sonora Sistema Integral (Sonora SI), iniciado en 2010 con el propósito de trasvasar 75 millones de metros cúbicos de agua al año, de la presa El Novillo, suministrada del Río Yaqui, a la ciudad de Hermosillo. Se construyó el Acueducto Independencia para abastecer la expansión industrial con la llegada de empresas como Apasco, Ford, Tecate, Coca Cola, Big Cola y Pepsi. En respuesta, los representantes de la Tribu Yaqui acudieron a los tribunales judiciales donde han ganado todos los amparos, y lo más importante, la resolución de la SCJN, en el sentido de que “la autoridad responsable deberá dejar insubsistente la resolución en materia de Impacto Ambiental emitida el 23 de febrero de 2011, dentro del procedimiento S.G.P.A.-DGIPA.,DG1633/11”, por parte de las autoridades federales”. Es decir, la construcción carece de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y no debe seguir.
Obliga además a emitir una nueva MIA que indique sobre la afectación o no de los derechos de disposición de agua de la comunidad yaqui y a realizar una consulta pública entre los miembros de la etnia que determine si serán afectados adversamente y en caso positivo mandata a la autoridad a resarcir o aminorar las acciones que afecten su subsistencia “pudiendo llegar, en caso necesario, a determinar la suspensión de la operación del mismo”. Lo anterior implica, desechar el proyecto con todo y acueducto.
El gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Váldez y su equipo escuchan.
Porque el gobierno de Padrés ignoró la decisión de la SCJN, la Tribu Yaqui decidió bloquear la carretera federal 15 México-Nogales desde el pasado mes de mayo. Luego de siete meses, el gobierno de Sonora apuesta al desgaste físico y político de la comunidad yaqui, aunque los resultados indican efectos contrarios.
Ante el vacío de poder creado por el gobierno de Sonora y el federal, han aparecido nuevos actores, el gobierno del estado vecino de Sinaloa, a cargo de Mario López Valdez, y la sociedad civil organizada.
El gobernador sinaloense se reunió con la Guardia Tradicional Yaqui el 14 de diciembre de 2013 en Vicam, a donde dijo, acudía con la anuencia de los gobiernos de Sonora y de el presidente, Enrique Peña Nieto, con el propósito de fungir, junto con los productores agrícolas sinaloenses, como mediadores para generar una agenda de trabajo conjunta, solicitar una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que revise el caso, lograr un pacto con acuerdos que le den solución al problema de la extracción de agua y una tregua en el bloqueo carretero hasta enero con el fin de no obstaculizar las exportaciones de productos agrícolas de esa entidad a Estados Unidos.
Sinaloa, según afirmó López Valdez, tiene 2 por ciento de la población nacional y 3 por ciento de la superficie, mientras produce 30 por ciento de los alimentos del país. Un 40 por ciento de las ensaladas que se consumen en Estados se hacen con ingredientes de esta entidad. Capta divisas anuales por mil millones de dólares y envía a la frontera mil camiones de carga al día: de ahí la importancia e interés por solucionar pronto el conflicto.
De su parte, la Guardia Tradicional, en voz de Mario Luna, resaltó que la tribu tiene 24 mil hectáreas, de las cuales 18 mil están en producción y que la sustracción de 75 millones de metros cúbicos de agua ocasionaría la pérdida de 10 mil hectáreas de trigo, más de la mitad de la capacidad productiva con que cuentan.
Es también un golpe a la salud y al medio ambiente, al evitar las filtraciones que deberían llegar al subsuelo que es de donde se obtiene el agua para beber, pues ningún pueblo yaqui tiene agua potable, todos los habitantes toman el líquido del subsuelo que tiene cuando menos arsénico y magnesio dañinos para la salud, agregó Luna.
Sobre el aspecto ambiental, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señaló que la construcción de esta obra generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, así como afectaciones negativas a los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, aunado al hecho de que la obra pone en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre, clasificada así por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), ubicada en la Cuenca del Río Yaqui, así como la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.
En lo que ya se conoce como el Acuerdo de Vicam, las Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui y el gobernador de Sinaloa firmaron el acta donde se establece que el 22 de octubre de 1940 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Presidente Lázaro Cárdenas, el cual restituye y titula el territorio a la Tribu Yaqui, otorgándoles el derecho al 50 por ciento del agua existente en el caudal de este río.
Ver el Acuerdo de Vicam aquí.