Arsénico, presente en agua de consumo humano en la ciudad capital
"El gobierno mexicano nos ha echado tantas mentiras que no le podemos creer que el Río Sonora está limpio", dice Mario Alberto Salcido, afectado por el derrame ocurrido en 2014, en conferencia de prensa a tres años del desastre ocasionado por la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México. (Foto: Cortesía de PODER).
HERMOSILLO
Los resultados de análisis al agua para consumo humano recién recopilados aquí en la ciudad capital de Sonora presentan cantidades significativas de arsénico en todas las muestras procedentes de la Cuenca del Río Sonora, en tanto que este metal pesado cancerígeno está ausente en las tomas de procedencia de la Cuenca del Río Yaqui.
Especialistas de la Universidad de Sonora realizaron la investigación en virtud de la preocupación por los efectos del derrame en el Río Sonora de tóxicos provenientes de la Minera Buena Vista del Cobre, ocurrido el 6 de agosto del 2014, y considerado el peor desastre ambiental de la minería en la historia de México.
Ante la negativa de la empresa minera Grupo México y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de entregar sus datos sobre los niveles de contaminantes dispersados por el derrame, hasta en pozos cercanos al río, un juez del estado de Arizona falló a favor de una solicitud de información al respecto.
La diligencia tuvo lugar en el vecino estado al norte de Sonora porque la empresa encargada de la mina, la Southern Copper Corp., aunque es 75 por ciento propiedad de Grupo México, tiene su matriz en Phoenix, Arizona.
Se realizó el análisis de riesgo y calidad de agua de inmediato en respuesta a la organización de 150 ciudadanos hermosillenses, cuyo municipio inicialmente fue excluido del fideicomiso de reparaciones establecido por el gobierno federal y la empresa.
Se tomaron como base los tóxicos reportados en el derrame, de tal modo que se midieron las cantidades de aluminio, arsénico, cobre, hierro, manganeso, mercurio y flúor.
Las muestras de agua enviadas a analizar fueron de las potabilizadoras conocidas como la Planta Tratadora Número 2, ubicada frente a la cortina de la Presa Abelardo L. Rodríguez; Planta Tratadora 3, ubicada en el área de la Sauceda, así como la Planta Tratadora Número 4 en las Lomas, cuyo abastecimiento es de procedencia del Río Yaqui mediante el Acueducto Independencia.
Asimismo, se hicieron muestras de agua superficial en la presa, agua de pileta en la céntrica colonia El Mariachi, y agua de pozo y de llave en el pueblo de La Victoria al norte de Hermosillo.
El análisis fue realizado en laboratorios certificados de Química Analítica del Noroeste, de la ciudad de Hermosillo, como consta la investigadora de la Universidad de Sonora, Reina Castro Longoria, autora del dictamen Agua de la ciudad de Hermosillo, Sonora: Estudio de metales pesados en agua de consumo humano.
La autora agradece a la ciudadanía que participó con su aporte para el pago de los análisis.
El arsénico fue el metal detectado en todas las muestras de agua analizadas, con excepción de la muestra de la Planta Tratadora Número 4. Quedó de manifiesto la ausencia de todos los metales en la muestra de esta planta que se surte a la zona sur de la ciudad.
En cambio, el arsénico rebasó el máximo permitido de 25 µg/L por la norma oficial mexicana en uno de los pozos de La Victoria. Registró 60 µg/L (microgramos por litro), y por lo tanto es la zona de mayor vulnerabilidad.
Los límites máximos permisibles de las normas internacionales son más estrictos que los límites mexicanos. El arsénico es considerado por la EPA como un carcinogénico humano. Al respecto se recomienda alcanzar como medida de seguridad un valor de cero de este contaminante en el agua.
Puede causar cáncer de pulmón, vejiga, hígado y piel, según las autoridades de Canadá en la materia. Causa efectos neurológicos, entumecimiento y temblor de extremidades.
Las muestras analizadas rebasaron todos los limites oficiales de las agencias mencionadas, en cuanto al arsénico. Además, el valor de fluoruros en La Victoria rebasó los límites permitidos en Canadá, en tanto, el líquido de La Victoria estaba libre de los metales aluminio, cobre, hierro, manganeso y mercurio, como fue el caso en las demás muestras.
Los resultados obtenidos y los efectos conocidos en la salud apuntan a la necesidad del saneamiento y la instalación y modernización de las plantas de suministro de agua de la ciudad. Mientras tanto, los pobladores de afuera de Hermosillo afectados por el derrame exigen lo mismo.
Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que agrupan a la ciudadanía afectada, ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en otros dos pozos, y han demandado a tres instituciones por la falta de atención a la población agraviada por el derrame.
Citan a otro fallo, este dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora, que reconoce que los pozos de Sinoquipe y La Labor fueron contaminados por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Hasta el fallo a mediados del año 2017, el Grupo México sostenía que ya no existía contaminación en el Río Sonora, lo que favoreció la instalación de bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para proveer agua del río sin ningún tratamiento de purificación previo.
Por lo anterior, los CCRS, acompañados por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), interpusieron una demanda de amparo contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud (que opera el Programa de Seguro Popular) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no haber respondido a diversas solicitudes de información para conocer el estado de salud de los habitantes y no haber atendido sus reclamos.
La demanda señala que, en el escenario de incertidumbre actual generado por la comprobación de contaminación en dos pozos, “se ha vuelto urgente contar con un diagnóstico óptimo sobre nuestro estado de salud, el cual al menos debe consistir en la realización de las pruebas idóneas, adecuadas y necesarias para confirmar si sufrimos o padecemos alguna exposición o intoxicación por metales pesados”.
Se calcula que hasta ahora el desastre de hace tres años atrás, que también abarcó el Río Bacánuchi, afecta directamente a al menos 22 mil personas y, de forma indirecta, a otras 250 mil en los siete municipios situados a orillas del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures, además de Hermosillo.
En abril de 2017, el Grupo México dio a conocer que se construirían nueve plantas potabilizadoras, habiendo instalada una ya. PODER se quejó de que la empresa había prometido 36.
Cuestionados por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos acerca de la ausencia de las purificadoras, los funcionarios de esta empresa argumentaron que “sería irresponsable hacerlas” porque las autoridades municipales “no tenían capacidad para explotarlas”.
Las labores de limpieza y remediación por parte de Grupo México también han sido insuficientes, según PODER. La mayor parte de los pozos que debían ser reubicados siguen en su lugar y muchos siguen funcionando a pesar de estar a escasos metros del río.
Una serie de análisis independientes ha constatado, año tras año, la presencia de metales pesados en el agua por encima de lo que marcan las normas internacionales. Estos tóxicos son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud pueden tardar meses, o años, en aparecer.
Grupo México se comprometió a la creación de un centro de atención médica y aunque no se concluye la obra, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas) dijo en julio de 2017 que 381 habitantes de la Cuenca del Río Sonora requieren de atención porque presentaban desechos tóxicos en sangre y orinas.
La reparación de pérdidas a agricultores y ganaderos ha sido otro motivo de disputas y críticas, ya que el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora no realizó ningún análisis para definir el reparto de los 2 mil millones de pesos destinados a la compensación de daños económicos causados por el derrame, lo que provocó que las indemnizaciones fueran ínfimas comparadas con el nivel de las afectaciones, según PODER.
El monto del fideicomiso equivalió al 0.013 por ciento de los ingresos brutos de Grupo México en 2014, y la multa de 24 millones de pesos que impuso a la empresa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente equivalió al 0.00016 por ciento de los ingresos brutos de ese año.
“El gobierno mexicano ha mostrado poco o nulo interés en que Grupo México cumpla el compromiso de reparar los daños causados, y dejó en el abandono las acciones legales que se intentaron contra la empresa, actitud que fue subrayada por el Grupo de Trabajo de la ONU en su informe final dado a conocer en junio de 2017,” dice PODER.
Los CCRS, acompañados por PODER, han presentado más de 12 amparos y acciones legales contra la empresa y diversas instancias gubernamentales, “pero esto aún no ha sido suficiente para lograr el acceso a la justicia y la reparación de los daños”, comenta PODER en un documento difundido en agosto.
“El acceso a la justicia empieza por evitar que este tipo de desastres ocurran, y tener leyes con enfoque precautorio es el único modo de evitar accidentes tan lamentables como el derrame en Sonora y la consecuente afectación a las personas y al medio ambiente” sostiene.
“Asimismo debemos pugnar por tener normas adecuadas, así como sistemas de vigilancia y sanciones suficientemente fuertes para lograr el control de los vertidos al agua”, agrega.
Los CCRS agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre que habitan en los municipios de Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
PODER es una organización regional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.