Aumenta la violencia contra defensores del territorio
El vocero de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, celebró una reunión de trabajo con la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, Victoria Tauli Corpuz. (Foto: Cortesía de Mario Luna Romero).
VICAM
La familia del vocero de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, fue atacada en su propia vivienda por personas no identificadas que entraron a su patio y prendieron fuego a un automóvil en la madrugada del pasado 27 de junio. Para Luna Romero, el ataque obedece a la continua presión que se ejerce sobre la Tribu Yaqui y su persona por la defensa y avances que han obtenido en su lucha en contra del despojo del agua del Río Yaqui mediante el Acueducto Independencia que transvasa el líquido hacia la ciudad de Hermosillo.
Pese a solicitudes de auxilio, ninguna autoridad acudió, mostrando una pasividad que levanta sospechas sobre el origen del atentado. Además, Luna es beneficiario, junto con su familia del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual en este caso no funcionó, como en muchos otros.
Luna estuvo preso por delitos inventados poco más de un año durante el mandato del exgobernador Guillermo Padrés (quien ahora está encarcelado). De nuevo en funciones de vocero, ha seguido enarbolando la defensa de su pueblo, lo mismo en foros internacionales que en oficinas públicas del gobierno federal.
Varias organizaciones se han levantado en defensa del representante de la Tribu Yaqui. Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) exigió a la Secretaría de Gobernación, al gobierno del estado de Sonora y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, aplicar de manera efectiva e inmediata medidas de protección adecuadas para garantizar la integridad de Mario Luna y su familia, en cumplimiento con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las recomendaciones son tomadas por el Congreso Nacional Indígena (CNI), e incluyen llevar a cabo una investigación completa e independiente del incidente del 27 de junio y de los anteriores contra Mario Luna y su familia, y hacer rendir cuentas a todos los responsables, así como realizar un reconocimiento público de la legítima y valiosa labor que realizan Mario Luna y las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam, dejando en claro que no se tolerarán nuevos ataques en su contra.
El CNI se pronunció en defensa de Luna Romero, al repudiar la agresión en contra del secretario del gobierno tradicional de la Tribu Yaqui en la comunidad de Vicam, Sonora y miembro del Concejo Indígena de Gobierno, agresión que forma parte del constante hostigamiento a la lucha de la tribu que no ha dejado de resistir en contra del funcionamiento del Acueducto Independencia que roba el agua del río Yaqui amenazando la existencia de este pueblo.
El CNI dio a conocer algunos acontecimientos que sirven de contexto para tratar de explicar la reciente agresión a la familia Luna Romero. Indica que cuatro días antes de la agresión, el 23 de junio, Mario Luna y las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam enviaron un documento de respuesta a un requerimiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto a la ejecución de la sentencia de amparo sobre la operación del acueducto.
El documento constituye un paso importante ya que evidencia que Conagua desea realizar una supuesta consulta indígena lejos del territorio de la Tribu Yaqui, entre otras irregularidades que violentan el derecho a la consulta y el consentimiento. En mayo Mario Luna participó y tomó la palabra ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado en Nueva York. También desde mayo, Luna es miembro del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual se disponía a inscribir a una candidata independiente para las elecciones presidenciales de 2018.
En enero de 2017 Anahí Ochoa, su esposa, sufrió un incidente automovilístico en el cual un auto desconocido le cerró el paso cuando manejaba a su casa. Ante el temor, desvió su camino y fue por Mario Luna donde éste se encontraba. Cuando llegaron a su casa, encontraron la puerta principal abierta, a pesar de haberla dejado cerrada con llave. Ingresaron a la casa con acompañamiento policial y no detectaron objetos faltantes.
En febrero de 2016 Carlos Luna, hijo de Mario, fue arrojado de su moto por hombres que circulaban en una camioneta. Sufrió lesiones en cara y cuerpo. La investigación no avanzó. Como resultado de este incidente Mario Luna decidió incorporarse al Mecanismo de Protección y la CIDH solicitó al gobierno mexicano implementar medidas cautelares.
El año 2016 ha sido el peor para los defensores del territorio de acuerdo con el informe anual de Global Witness ya que casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana por proteger sus tierras, bosques y ríos de las empresas madereras mineras y agrícolas.
Al menos 200 personas fueron asesinadas en 2016, más del doble del número de periodistas . La tendencia está creciendo (de 185 en 2015) y se está expandiendo, con asesinatos reportados en 24 países, en comparación con 16 países en 2015. América Latina se mantiene como la región más afectada, con el 60 por ciento de las muertes.
Como existen limitaciones importantes de acceso a información probablemente el total global sea mucho más alto, estima la organización. Los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros y ataques legales agresivos.
“Estos hallazgos cuentan una historia macabra. La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países están quedando sin más opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o de la erosión de su medio ambiente. Muy a menudo son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, mientras los inversionistas que las financian no hacen nada”, expresó Ben Leather, integrante de la campaña de Defensores de la Tierra y los Derechos Ambientales de Global Witness.
Casi el 40 por ciento de las personas asesinadas eran indígenas, ya que las tierras que han habitado por generaciones son robadas por empresas, terratenientes o actores estatales. Usualmente los proyectos se imponen a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado, respaldados por la fuerza, pues se sospecha que la policía y los soldados son autores de, al menos, 43 asesinatos.
La protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier costo. Entre los hallazgos clave del informe se encuentran:
- La minería es la industria más sangrienta, con al menos 33 asesinatos vinculados al sector. Los asesinatos vinculados a las empresas madereras aumentaron de 15 a 23 en un año, mientras que hubo 23 asesinatos relacionados con proyectos de agronegocios.
Brasil se mantiene como el país más mortífero según el número de muertes (49), mientras que Nicaragua (11) es el peor lugar per cápita. Durante la última década, Honduras se mantiene como el lugar más peligroso per cápita (127 desde 2007).
- Los homicidios registrados alcanzaron un máximo histórico en Colombia (37), ya que las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares. Las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante el largo conflicto armado que vivió el país.
- Los asesinatos en India se han triplicado a medida que empeora la brutalidad policial y la represión estatal hacia protestas pacíficas. En 2016 se registraron 16 asesinatos, en su mayoría vinculados a proyectos mineros.
El informe también señala la creciente criminalización de las y los activistas alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos. Suelen ser presentados como criminales, y deben enfrentar cargos penales falsos y agresivos casos civiles, armados por gobiernos y empresas que intentan silenciarlos.
“Los Estados están rompiendo sus propias leyes y fallando a su ciudadanía de la peor manera posible. Valientes activistas están siendo asesinados, atacados y criminalizados por las personas que supuestamente deberían protegerlos. Gobiernos, empresas e inversionistas tienen el deber de garantizar que las comunidades sean consultadas sobre los proyectos que las afectan, que los activistas sean protegidos de la violencia, y que los culpables sean llevados ante la justicia”, dijo Leather.