La batalla contra la cervecería destapa el debate sobre las aguas subterráneas fronterizas
AMLO aparece en el Palacio Nacional durante su conferencia de prensa diaria del 20 de marzo por la mañana, en la que alentó a los residentes de Mexicali a votar en la consulta federal que rechazó los permisos para cervecerías extranjeras. Foto: Cortesía de la Presidencia de la República
MEXICALI
Los agricultores y otros residentes del Valle de Mexicali, azotado por la sequía en Baja California, se oponen a la construcción de la cervecería masiva de Constellation Brands, una instalación que usaría agua mexicana para satisfacer los paladares estadounidenses con la exportación de las marcas de cerveza Corona, Pacífico y Modelo.
Alfonso Cortez, investigador del Colegio de la Frontera Norte en Mexicali, ha calculado que una cervecería del tamaño propuesto podría aumentar la tasa de agotamiento de agua del Acuífero Mexicali, cuyo ritmo anual actual es de 0.6-0.8 metros por año, a 0.8-1.05 metros por año.
El prolongado conflicto ha llegado a oídos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la corte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) citó el cambio climático como una asunto a considerarse en un informe crítico realizado sobre el proyecto apoyado por el gobierno del estado de Baja California. Se desembocó en una controvertida consulta ciudadana respaldada por el gobierno federal para evaluar la opinión pública sobre el proceder de la construcción de la cervecería de más de 1 mil millones de dólares.
Celebrada aquí, en el contexto del brote de la pandemia de COVID-19, la consulta ciudadana del 21 al 22 de marzo produjo un temblor político. Según la Secretaría de Gobernación, 27mil 973 votantes (76.1 por ciento) dijeron "no" a Constellation Brands, mientras que 8 mil 547 (23 por ciento) dieron su aprobación.
En la conferencia de prensa del 23 de marzo del Presidente López Obrador, Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, dijo que los resultados significan que la Comisión Nacional del Agua negará los permisos para la cervecería.
Tras la declaración de Álvarez, López Obrador explicó el veredicto de Mexicali, diciendo que no estaba en contra de la inversión, sino que la voluntad popular y el medio ambiente deben ser considerados. "No se trata de crecer por el bien del crecimiento, sino de crecer con bienestar y respeto por el medio ambiente, porque esa es la herencia que dejaremos a las generaciones futuras ...", afirmó.
El Presidente también dijo que se acercaría a los líderes empresariales en un esfuerzo por encontrar un sitio para la cervecería donde haya más suministros de agua disponibles.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, así como el poderoso Consejo de Coordinación Empresarial, condenaron la consulta de Mexicali, argumentando que el voto no solo amenazaba empleos e inversiones, sino también la salud pública en tiempos de crisis.
La votación fue clasificada como una de las grandes noticias en los medios mexicanos entre el 21 y el 23 de marzo.
Alfonso Cortez, que estudió meticulosamente la cuestión del agua de la cervecería y detectó "docenas de irregularidades" en el proyecto de Constellation Brands, citó el reciente informe y las recomendaciones de la CNDH que concluían que la cervecería amenazaba los derechos humanos al agua de la población local.
"La CNDH considera que no se puede actuar con una visión a corto plazo", dijo la agencia federal autónoma en un comunicado. “El derecho al agua prioriza el consumo personal y doméstico, no los usos privados e industriales. Probablemente habrá agua en Mexicali para la producción de cerveza durante los próximos 50 años, pero a costa del consumo personal y doméstico ... "
Para Cortez, el tema fundamental en juego era el de una empresa que impactaría negativamente los depósitos de agua subterránea ya sobreexplotados y amenazaría con una mayor reducción de el preciado líquido del Rio Colorado.
"No podemos arriesgar el recurso base del desarrollo regional para dárselo a un negocio cuyas ganancias son privadas y cuyo producto va a otro país", dijo Cortez durante una entrevista el 23 de marzo en AristeguiNoticias.
El agua subterránea es un problema subyacente
La conmoción ha llamado la atención sobre un asunto creciente de vital importancia: el futuro de las fuentes acuíferas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Se plantea la candente pregunta de si México y los Estados Unidos podrían encontrar un terreno común en la gestión conjunta de un recurso compartido. Sin embargo, este tema crítico sigue ausente como una prioridad en la agenda binacional.
A diferencia de las aguas compartidas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo, cuyos flujos y proporciones dependen de los acuerdos entre los Estados Unidos y México, los recursos subterráneos de las dos naciones no están sujetos a la gobernanza bilateral, con la excepción de un acuerdo que cubre una pequeña sección de la frontera entre Sonora y Arizona.
La sostenibilidad de los acuíferos transfronterizos que son aprovechados por los dos países es un imperativo para lidiar con los niveles de crecimiento demográfico de las ciudades en auge, las demandas competitivas de suministros del vital recurso, los impactos climáticos adversos en la recarga de aguas subterráneas y los crecientes informes de agotamiento de los acuíferos en diferentes secciones de las tierras fronterizas.
Entonces, mientras que la Ciudad de México y Washington están obsesionadas con la Covid-19, inmigración, drogas, seguridad, comercio e inversión, se está desarrollando una creciente conciencia sobre el problema de los acuíferos transfronterizos entre los funcionarios gubernamentales de nivel medio, algunos representantes electos, investigadores científicos y residentes fronterizos.
Después de todo, no solo Mexicali, sino también otras ciudades fronterizas, como Nogales en Sonora, Ciudad Juárez en Chihuahua y Sunland Park en Nuevo México, dependen de los acuíferos transfronterizos para su agua, mientras que los agricultores de ambos lados de la línea internacional utilizan pozos para regar sus cultivos, especialmente en tiempos de sequía.
El agua subterránea está en el centro de varios conflictos en la región fronteriza. Por ejemplo, Texas y Nuevo México están enfrascados en una batalla legal en la Corte Suprema de losEstados Unidos desde que Texas sostuviera que el bombeo de agua subterránea en el Valle de Mesilla, en el sur de Nuevo México, está afectando la participación de Texas en el agua del Río Grande, un tema que también afecta el agua entregada a México bajo un acuerdo de 1906.
En el estado de Chihuahua, en el frágil ecosistema de dunas de arena de Samalayuca, que incluye un área protegida nacional ubicada a unos 48 kilómetros al sureste de Ciudad Juárez, se propuso una mina de cobre administrada por una empresa canadiense. Esto provocó manifestaciones públicas, litigios y debates en los gobiernos estatales y locales en los meses recientes. Los opositores, tanto en México como en los Estados Unidos, sostienen que la mina disminuiría y contaminaría las aguas subterráneas que atraviesan la frontera con el Condado de El Paso, Texas.
Evaluando el desafío acuífero
Los gobiernos de Estados Unidos y México sentaron las bases para abordar los problemas de los acuíferos transfronterizos en 1973, cuando la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) aprobó el Minuto 242, que impuso una limitación de 197 millón 357 mil metros cúbicos por año en el bombeo de aguas subterráneas en el área de San Luis, Arizona y San Luis Río Colorado, Sonora. La agencia binacional encargada de administrar los acuerdos de aguas fronterizas entre México y Estados Unidos también solicitó consultas conjuntas, "con el objetivo de evitar problemas futuros", en torno a nuevos desarrollos o modificaciones que pudieran afectar los recursos de aguas superficiales y subterráneas en la nación vecina.
En 2006, se dio un paso adelante en una mayor cooperación binacional, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos, una ley patrocinada por el ex senador estadounidense Jeff Bingaman de Nuevo México, que inicialmente autorizó la financiación de hasta 10 años.
Dando como resultado el Programa de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos (TAAP), la medida respaldó la investigación en dos acuíferos, el San Pedro en Sonora-Arizona y el Conejos Médanos o la Cuenca de Mesilla en la esfera de influencia de Chihuahua-Nuevo México-Texas. Científicos mexicanos iniciaron investigaciones paralelas sobre los mismos acuíferos.
Sin embargo, TAAP representa solo el comienzo de una colaboración binacional que tendrá que ampliarse enormemente si se presta la atención adecuada a la cuestión de los acuíferos transfronterizos, según los expertos.
En primer lugar, no se sabe del todo cuántos acuíferos transfronterizos existen y, precisamente, qué país está sacando la mayor cantidad de agua de ellos.
En un correo electrónico de 2019 a este reportero, la sección estadounidense del IBWC fijó el número actual de acuíferos transfronterizos conocidos deEstados Unidos y México en 36, pero reconoció que "no tenemos un número exacto de cuántos son transfronterizos", en espera de más investigaciones.
"Todavía no hay una respuesta segura, porque el trabajo de evaluar todos los acuíferos no ha concluido y, mucho menos, el de la forma en que el agua subterránea se mueve e interactúa con los diferentes componentes ambientales en ambos lados de la frontera", dijo Gonzalo Hatch Kuri, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor de un libro seminal sobre los recursos compartidos de aguas subterráneas de la región Paso del Norte de Ciudad Juárez, El Paso y el Condado de Doña Ana, Nuevo México.
Según Hatch, los investigadores se han centrado hasta ahora en las formaciones geológicas o "la roca" de los acuíferos subyacentes a México y los Estados Unidos. Salvo por retazos de información dispersa, Hatch dijo que no existe una cuantificación en la frontera de los suministros de agua subterránea para la frontera entre Estados Unidos y México.
“Hay mucha información que simplemente no conocemos sobre las características de los acuíferos, la calidad del agua, cómo está cambiando, cómo el uso en ambos lados está afectando los niveles o la calidad del acuífero", coincidió Holly Brause, científica investigadora del Instituto de Investigación de Recursos Hídricos de Nuevo México (NMWRRI) con sede en la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces. Este instituto participa en el programa TAAP.
"Entonces, cuando (investigadores estadounidenses y mexicanos) se unen y comienzan a intercambiar ese tipo de datos, nos ayuda a comenzar a saber qué tenemos allí, con qué tenemos que trabajar, porque es de gran importancia para los centros urbanos y la actividad agrícola, la actividad industrial en ambos lados de la frontera", dijo.
Reuniones transfronterizas
Dos eventos importantes tuvieron lugar en el Paso del Norte durante el año pasado, arrojando luz adicional sobre la amplitud y el alcance de la cuestión de las aguas subterráneas fronterizas.
Patrocinada por el IBWC, la Cumbre Binacional sobre Aguas Subterráneas, celebrada en la primavera pasada, en la frontera México-Estados Unidos, en El Paso, atrajo a decenas de investigadores y gestores del agua de los Estados Unidos, México e incluso Canadá.
Entre los aspectos más destacados estuvieron las presentaciones que informaron sobre el continuo agotamiento de los acuíferos compartidos del Valle de Mexicali e Imperial, una colaboración binacional para evaluar la geología y los recursos hídricos en el área de San Diego-Tijuana, los niveles de caída del agua del acuífero de Santa Cruz compartido por los dos Nogales y un recorrido por la planta de desalinización Kay Bailey Hutchison operada por El Paso Water Utilities.
Más allá de la charla técnica, dos temas importantes que surgieron en la cumbre fueron el establecer el prerrequisito de "confianza" entre los socios potenciales y el "compromiso de los interesados" para abordar las preocupaciones comunes sobre los acuíferos.
Las partes interesadas a lo largo de la frontera incluyen pueblos indígenas, irrigadores, servicios públicos de agua municipales, empresas industriales y ciudadanos de a pie.
"La cumbre fue indudablemente histórica porque fue la primera vez que ambos gobiernos a través del IBWC reconocieron la existencia y la importancia del problema", dijo Hatch. Para el experto en aguas fronterizas de México, sin embargo, la reunión también reveló una "enorme asimetría" en la financiación de la investigación y el alcance de la investigación entre las universidades estadounidenses con mejores recursos que participan en el programa TAAP, como la Universidad de Arizona y la Universidad Estatal de Nuevo México y sus contrapartes, universidades mexicanas.
Inmediatamente después de la cumbre de El Paso, las partes interesadas se reunieron en Las Cruces para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el agua en la frontera México-Estados Unidos organizada por el NMWRRI y co-organizada por la Universidad Estatal de Nuevo México, la Universidad de Texas El Paso y Texas A&M Universidad. Ese evento contó con la participación de miembros de la delegación la Legislatura de Nuevo México, académicos, el IBWC, gerentes de servicios de agua y otros.
"Creo que el valor para el instituto de ese tipo de reuniones es realmente formar relaciones con personas de la frontera y tener la oportunidad de intercambiar datos y experiencias, y realmente saber mutuamente qué están trabajando en ambos lados de la frontera, para que podamos continuar la colaboración o formar nuevos estudios de colaboración entre los dos lados de la frontera", dijo Brause.
"Creo que es bastante sorprendente la cantidad de personas que realmente se unen e intentan trabajar a través de las fronteras nacionales, trabajar a través de las fronteras estatales, llegar a una especie de división agrícola-ambiental. Es algo que encontré muy alentador sobre nuestras perspectivas de futuro".
Según Brause, el NMWRRI tiene el mandato de cumplir con sus obligaciones en virtud del programa TAAP, así como servir a las diferentes partes interesadas de los recursos de aguas subterráneas de Nuevo México, que abarcan a los agricultores, el Distrito de Riego de Elephant Butte, entidades urbanas como Las Cruces, consumidores residenciales, y usuarios industriales.
Aprovechando el impulso de las reuniones de Paso del Norte del año pasado, NMRRI participó en la organización de otra conferencia binacional originalmente programada para mediados de abril en Ciudad Juárez. Sin embargo, el coronavirus Covid-19 hizo su fea aparición y la reunión fue cancelada. Brause dijo que los organizadores esperan reprogramar el evento para finales de este año.
¿Del estudio a la acción?
La transición del estudio a la acción es, sin embargo, la cuestión del millón de dólares que se cierne sobre el tema de las aguas subterráneas fronterizas. Para Hatch, la pregunta fundamental en juego es "¿Qué país extrae más agua de los acuíferos transfronterizos y, en consecuencia, quién pondrá más orden en el cuidado y la protección efectiva de un elemento tan vulnerable como el agua subterránea?"
Como una forma de hacer avanzar la pelota, propuso establecer un programa de conservación de acuíferos entre México y Estados Unidos que "podría ser un enfoque que genere confianza entre los dos países".
Hatch abogó además por un "sistema de alerta temprana" que permitiría a cualquier nación tener "herramientas para controlar la extracción o el uso irracional de las aguas subterráneas fronterizas para no afectar al país vecino".
Hizo hincapié en que las consecuencias adversas de las decisiones unilaterales se pueden ver en el caso del Canal Todo Americano construido en Estados Unidos que limita con California y Baja California. A principios de la década de 2000, estalló una controversia después de que el gobierno estadounidense pavimentó el canal, una acción que perjudicó la filtración y recarga de un acuífero transfronterizo también utilizado por los agricultores mexicanos. Según Hatch, "este problema no se ha resuelto con éxito para México".
Para complicar cualquier acuerdo binacional futuro están los diferentes regímenes de gobernanza del agua en México y Estados Unidos. En el primero, el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua tiene poder sobre la explotación de los recursos de aguas subterráneas, mientras que en el segundo, los estados individuales tienen jurisdicción sobre los acuíferos. Para los defensores del agua subterránea, esto significa navegar y negociar con varias agencias e intereses.
En México, Hatch y sus colegas están llegando a legisladores federales y organizaron, el año pasado, tres foros en el Senado mexicano. En un foro, los asistentes escucharon sobre la "manipulación científica" de los estudios oficiales que indicaban "una abundancia de aguas subterráneas" en Saltillo, la capital del estado fronterizo norteño de Coahuila. En otro foro, un proyecto de ley de aguas subterráneas promulgado por Hatch y sus amigos obtuvo una buena recepción del jefe de la Comisión Nacional del Agua, según el académico mexicano.
Aunque el Senador Salomón Jara (Morena-Oaxaca) ha participado activamente en elevar el perfil del problema del acuífero, Hatch sostuvo que la mayoría de los legisladores aún carecen de una "visión sistémica" de la situación de las aguas subterráneas del país.
"En este sentido, creemos que es necesario continuar produciendo más evidencia y comunicaciones sobre esto, por lo que la importancia del agua subterránea es más visible en México. Esperamos tener una modificación (de la ley de agua subterránea propuesta) este año, con el objetivo de tener un documento más robusto al final de 2021", dijo. Un avance positivo hacia el consenso, agregó Hatch, son las discusiones recientes que también involucran a la Red de Agua de la UNAM y representantes de la Asociación Mexicana de Geohidrología y la sección mexicana de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos.
Dado el nudo entre las partes interesadas y organismos de toma de decisiones en los Estados Unidos y México, así como las diversas características físicas de los acuíferos, los expertos en aguas subterráneas transfronterizas generalmente ven como dificil la posibilidad de alcanzar un acuerdo binacional integral similar a como los acuerdos de ríos permanentes. En cambio, las conversaciones giran cada vez más en torno al potencial de lograr acuerdos binacionales sobre acuíferos individuales, algo así como el sistema de acuerdos de Minutos de la IBWC.
En la cumbre de El Paso del año pasado, Raúl Morales, de la Asociación Mexicana de Geohidrología, propuso formar grupos de trabajo binacionales centrados en acuíferos particulares, compuestos por funcionarios de agua de Estados Unidos y México, ONGs, asociaciones profesionales y otros. Argumentó que la gestión conjunta era la "única forma" de garantizar el futuro de los recursos hídricos subterráneos transfronterizos.
El manejo integral también debe proteger las aguas superficiales que pueden estar conectadas a los acuíferos, agregó Morales.
Tomando un ejemplo de otra región fronteriza, Nicole Herman-Mercer, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, habló sobre el Consejo Inter-Tribal de la Cuenca del Río Yukón de Canadá y los Estados Unidos. Compuesto por miembros de 75 tribus, el Consejo tiene como objetivo a largo plazo el beber agua directamente del río como lo hicieron los antepasados; capacita a científicos ciudadanos; participa en muestreo de agua quincenal; y realiza un monitoreo de la calidad del agua basado en la comunidad utilizando un protocolo modificado del Servicio Geológico, informó Herman-Mercer.
La participación ciudadana también es una preocupación central para Jacob Petersen-Perlman de la Universidad de Arizona, un colaborador de TAAP que ha participado activamente con los interesados en el sur de Arizona. Haciéndose eco de la afirmación de Herman-Mercer de que la participación ciudadana es poder ciudadano, Peterson-Perlman dijo: "La toma de decisiones ambientales se ve cada vez más como un derecho democrático".